La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE- es un organismo de cooperación internacional compuesto por treinta y ocho países cuyo objetivo se sustenta en coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada en 1961 y posee su sede en el Château de la Muette, sito en París.
En el mes de junio de 2023, los representantes de los países miembros se han reunido para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico y colaborar a su desarrollo. En concreto, han dictado una serie de recomendaciones con el fin de mejorar la contribución empresarial al desarrollo sostenible y hacer frente a los impactos adversos asociados a las personas, al planeta y la sociedad.
Desde su introducción en 1976, las Directrices se han actualizado continuamente para que sigan siendo adecuadas a la luz de los retos sociales y del contexto cambiante de las empresas internacionales. La actualización de 2023 refleja una década de experiencia desde su última revisión en 2011 y responde a las urgentes prioridades sociales, medioambientales y tecnológicas a las que se enfrentan las empresas. Los puntos clave están sustentados en los siguientes ítems: cambio climático y biodiversidad, expectativas de diligencia debida en el desarrollo, financiación, venta, concesión de licencias, comercio y uso de la tecnología, mejor protección para las personas y grupos de riesgo, conducta empresarial responsable, garantizar la visibilidad, eficacia y equivalencia funcional de los Puntos Nacionales de Contacto para la Conducta Empresarial Responsable.
Sea como fuere, las Directrices tienen por objeto fomentar el comercio y la inversión responsables y, de este modo, multiplicar los beneficios a través de un compromiso y una mejora continua en todos los mercados del mundo con el propósito de que las sociedades alcancen el desarrollo sostenible, incluida la creación de más y mejores puestos de trabajo, el desarrollo de capacidades, el suministro de productos y servicios que mejoran el nivel de vida, la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria, además de materializar el acceso a la financiación y la tecnología necesarias para las transiciones digital y ecológica.
En todo caso, se hace hincapié para que las pautas pactadas sean implementadas en el tejido empresarial, cuya razón de ser radican en la intervención, a cargo de las empresas, a fin de que estas, identifiquen, prevengan, mitiguen y den cuenta de cómo abordar los impactos adversos reales y potenciales sobre los asuntos objeto de análisis, en tanto que estas proporcionan principios y normas de carácter voluntario para alcanzar una conducta empresarial responsable y coherente con la legislación aplicable y las normas reconocidas internacionalmente.
Así las cosas, la capacidad de las empresas multinacionales para promover el desarrollo sostenible aumenta considerablemente la inversión en un mercado caracterizado por la competitividad y globalización. En este contexto, los poderes públicos tienen un importante papel en la medida en que deben apoyar la aplicación efectiva de las Directrices a través de la promoción de prácticas empresariales responsables. La coherencia política a nivel nacional e internacional puede fomentar la alineación y armonización de estas iniciativas. Qué duda cabe que, una combinación inteligente de enfoques y medidas gubernamentales daría lugar a la puesta en práctica de medidas -obligatorias y/o voluntarias-, que contribuirían a la aplicación efectiva de las Directrices.
Las empresas multinacionales, al igual que sus homólogas nacionales, han evolucionado para abarcar una gama más amplia de acuerdos empresariales y formas de organización. Los avances tecnológicos, las alianzas estratégicas y las relaciones más estrechas con proveedores y contratistas tienden a difuminar los límites de la empresa. Igualmente, la rápida evolución de la estructura de las compañías multinacionales también se refleja en sus operaciones cuya cuota de comercio e inversión transfronterizos van en aumento.
La naturaleza, el alcance y la velocidad de los cambios económicos han planteado nuevos retos estratégicos para las empresas y sus interlocutores. Las fuerzas competitivas son intensas y las mercantiles multinacionales se enfrentan a una variedad de entornos jurídicos, sociales y normativos.
De hecho, numerosos negocios multinacionales han demostrado que el respeto de unas normas estrictas de conducta empresarial va de la mano del crecimiento y la rentabilidad. Las empresas aplican cada vez más modelos empresariales que persiguen el desarrollo sostenible y apoyan la coherencia entre los objetivos económicos, medioambientales y sociales. Las empresas también han promovido el diálogo social sobre lo que constituye una conducta empresarial responsable y han trabajado con las partes interesadas, incluso en el contexto de iniciativas multipartitas, para elaborar orientaciones sobre la conducta empresarial responsable.
La adopción de las Directrices en 1976, y sus posteriores actualizaciones, reflejan la demanda de las compañías para seguir la senda basada en los principios y normas de conducta empresarial responsable. En líneas generales, la cooperación transfronteriza se consagrará como el aliado perfecto entre empresas, fuerzas sindicales y otras organizaciones no gubernamentales cuyo objeto será alcanzar las metas propuestas en dichas Guidelines adoptadas el 8 de junio de 2023 por el Consejo de la OCDE a nivel ministeria.
Extraído de: LegalToday: www.legaltoday.com
